El ambiente legislativo habilitante es vital para lograr transparencia
La recientemente aprobada Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional y la virtual aprobación de la Ley de Cooperación Internacional podrían configurar una delicada situación para las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
La presente tiene como objeto hacer un llamado a la reflexión acerca de los asuntos acontecidos en Venezuela desde diciembre pasado con relación a los cambios legislativos que afectan de forma inequívoca el régimen constitucional vigente. Este llamado a la reflexión es pertinente y necesario por la gravedad que revisten estos asuntos respecto a la vulneración de los principios básicos de la democracia, y la amenaza a la existencia misma del sector Sociedad Civil.
Los Hechos
Como probablemente han podido conocer a través de los medios de comunicación, en menos de 20 días la Asamblea Nacional venezolana aprobó 20 leyes, sin la respectiva discusión pública de los asuntos. Muchas de estas leyes estaban incluidas dentro de la reforma constitucional sometida a referéndum en el año 2007, oportunidad en la cual los venezolanos se pronunciaron en contra de dicha reforma, sin embargo voceros oficiales declararon en su oportunidad que estas reformas se incorporarían más temprano que tarde dentro del marco jurídico, pues así ha ocurrido, esta vez por la vía parlamentaria, a pesar que la materia en cuestión es de orden constitucional.
La velocidad vertiginosa del proceso de la aprobación de dichas leyes está directamente relacionada con la incorporación de la oposición, con una representación significativa, en la Asamblea Nacional el día 5 de enero del año en curso.
Vale apuntar que entre el paquete de leyes fue aprobada una Ley Habilitante que otorga poderes especiales al Presidente de la República para dictar decretos con rango de ley, por un lapso18 meses, a través de la cual puede legislar sobre una muy amplia gama de asuntos, que van desde temas militares hasta restricciones a los medios de comunicación, so pretexto de atender la emergencia por las lluvias.
Asuntos críticos más resaltantes del paquete legislativo:
* Se fortalece la autoridad del Presidente de la República, en detrimento de otros poderes públicos, así como de sectores sociales autónomos.
* Limitación de Derechos Humanos, especialmente los referidos al derecho de asociación, al derecho a la participación en la vida pública y al derecho de la libertad de expresión.
* Se configura un Estado autoritario que absorbe a la sociedad, el poder popular se hace parte del Estado.
Asuntos más críticos para la existencia y pleno funcionamiento las ONG:
* La aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, la cual está concebida para imponer un control estatal y asfixiar financieramente a organizaciones no gubernamentales y a partidos políticos, criminalizando la Cooperación Internacional, al calificar como delito y castigar con penas pecuniarias y hasta con inhabilitación política, a las instituciones y a sus directivos que reciban fondos del exterior para defender los derechos políticos de los ciudadanos (su lectura es fundamental, está en el adjunto)
* Es importante destacar que la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en el 2006, no fue finalmente aprobada en el paquete legislativo de diciembre como estaba previsto, sino que pasó a ser parte de la Ley Habilitante, por tanto en cualquier momento el Presidente nos informará de su aprobación. Esta Ley tiene dos asuntos sumamente complicados: el establecimiento de un registro de ONG a través del cual el gobierno daría la calificación a la organización para ser objeto de Cooperación Internacional y la creación de un fondo en el que se concentraría toda la cooperación venida al país y el gobierno decidiría su destino, ambos asuntos sujetos a toda la discrecionalidad de los funcionarios.
En definitiva, se ha producido un giro significativo hacia un Estado autoritario, utilizando todas las herramientas democráticas conocidas y un entramado legal impecable que lo muestra como legítimo pero contradice la Constitución Nacional.
Links a las leyes:
Escrito por Acción Campesina y el Grupo Social CESAP.
Fuente de imagen: reporte360.com
País :Ecuador
Si bien existen varios elementos como ya lo mencionó Addys, creo que el marco regulatorio, el nivel de involucramiento de las OSC en la gestión de lo público, el nivel de respeto de los derechos y la relación sociedad civil – Estado son fundamentales a la hora de generar un ambiente de trabajo habilitante. Dependiendo de cada realidad y contextos políticos y sociales, estos elementos juegan un rol importante que puede facilitar o limitar el accionar de las organizaciones y que muchas veces depende exclusivamente de la voluntad política que tenga el gobierno y de la apertura al trabajo colaborativo con la sociedad civil.
En el caso del Ecuador es clara la política de recuperación por parte del Estado de la gestión de muchos espacios de lo público que han venido siendo gestionados por privados (las OSC entre ellos) en las últimas décadas. Si bien esta responsabilidad siempre fue del Estado, y hoy que se cuenta con la voluntad y recursos lo puede hacer, no es menos cierto que es necesario un trabajo conjunto con las OSC y el sector empresarial para lograr resultados más efectivos.
Un marco regulatorio para el tercer sector es necesario en cualquier sociedad, la discusión no está en si se impone o no nuevas regulaciones o reformas a las existentes, sino la calidad de las disposiciones en cuanto a incentivar el trabajo de las organizaciones (fondos de apoyo, creación de espacios de articulación público – privado, limitación de la discrecionalidad del funcionario, agilización de trámites, etc.), el cumplimiento de la regulación vigente y el debido proceso en casos que lo ameriten.
No podemos olvidar que la sociedad civil organizada es un contrapeso a la gestión pública y a la privada en un marco democracia, y que esta función es justamente la que ha permitido dinamizar los procesos de cambio, de reivindicación de derechos, de construcción de bienes públicos…etc. etc.