La recientemente aprobada Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional y la virtual aprobación de la Ley de Cooperación Internacional podrían configurar una delicada situación para las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. La presente tiene como objeto hacer un llamado a la reflexión acerca de los asuntos acontecidos en Venezuela desde diciembre pasado con relación a los cambios legislativos que afectan de forma inequívoca el régimen constitucional vigente. Este llamado a la reflexión es pertinente y necesario por la gravedad que revisten estos asuntos respecto a la vulneración de los principios básicos de la democracia, y la amenaza a la existencia misma del sector Sociedad Civil. Los Hechos Como probablemente han podido conocer a través de los medios de comunicación, en menos de 20 días la Asamblea Nacional venezolana aprobó 20 leyes, sin la respectiva discusión pública de los asuntos. Muchas de estas leyes estaban incluidas dentro de la reforma constitucional sometida a referéndum en el año 2007, oportunidad en la cual los venezolanos se pronunciaron en contra de dicha reforma, sin embargo voceros oficiales declararon en su oportunidad que estas reformas se incorporarían más temprano que tarde dentro del marco jurídico, pues así ha ocurrido, esta vez por la vía parlamentaria, a pesar que la materia en cuestión es de orden constitucional. La velocidad vertiginosa del proceso de la aprobación de dichas leyes está directamente relacionada con la incorporación de la oposición, con una representación significativa, en la Asamblea Nacional el día 5 de enero del año en curso. Vale apuntar que entre el paquete de leyes fue aprobada una Ley Habilitante que otorga poderes especiales al Presidente de la República para dictar decretos con rango de ley, por un lapso18 meses, a través de la cual puede legislar sobre una muy amplia gama de asuntos, que van desde temas militares hasta restricciones a los medios de comunicación, so pretexto de atender la emergencia por las lluvias. Asuntos críticos más resaltantes del paquete legislativo: * Se fortalece la autoridad del Presidente de la República, en detrimento de otros poderes públicos, así como de sectores sociales autónomos. * Limitación de Derechos Humanos, especialmente los referidos al derecho de asociación, al derecho a la participación en la vida pública y al derecho de la libertad de expresión. * Se configura un Estado autoritario que absorbe a la sociedad, el poder popular se hace parte del Estado. Asuntos más críticos para la existencia y pleno funcionamiento las ONG: * La aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, la cual está concebida para imponer un control estatal y asfixiar financieramente a organizaciones no gubernamentales y a partidos políticos, criminalizando la Cooperación Internacional, al calificar como delito y castigar con penas pecuniarias y hasta con inhabilitación política, a las instituciones y a sus directivos que reciban fondos del exterior para defender los derechos políticos de los ciudadanos (su lectura es fundamental, está en el adjunto) * Es importante destacar que la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en el 2006, no fue finalmente aprobada en el paquete legislativo de diciembre como estaba previsto, sino que pasó a ser parte de la Ley Habilitante, por tanto en cualquier momento el Presidente nos informará de su aprobación. Esta Ley tiene dos asuntos sumamente complicados: el establecimiento de un registro de ONG a través del cual el gobierno daría la calificación a la organización para ser objeto de Cooperación Internacional y la creación de un fondo en el que se concentraría toda la cooperación venida al país y el gobierno decidiría su destino, ambos asuntos sujetos a toda la discrecionalidad de los funcionarios. En definitiva, se ha producido un giro significativo hacia un Estado autoritario, utilizando todas las herramientas democráticas conocidas y un entramado legal impecable que lo muestra como legítimo pero contradice la Constitución Nacional.