La Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia, AFE, entidad que reúne a 61 fundaciones de origen familiar y empresarial, ha considerado oportuno el interés del Gobierno Nacional por impulsar una normatividad que exija un mayor control y supervisión sobre las fundaciones por parte de las autoridades competentes.

Sin duda, y ante los constantes señalamientos a algunas de estas entidades por fungir como mecanismos para evadir o eludir impuestos y captar recursos estatales contrario a la ética y al cumplimiento de las normas, se hace muy necesario no solo lograr una verdadera depuración de las fundaciones, sino asegurar su transparencia y utilización para fines estrictamente sociales y altruistas.

“Desafortunadamente, la normatividad vigente es muy laxa y muchas organizaciones, bajo el rótulo indebidamente utilizado de fundaciones, se han unido a un importante grupo de instituciones que desde hace más de cien años trabajan iniciativas de mejora de las condiciones de los colombianos más vulnerables. La triste realidad es que innumerables fundaciones fueron creadas para captar y orientar recursos a causas ajenas a servir a la comunidad de manera altruista” afirmó María Carolina Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Empresariales –AFE-.

La razón de ser de las fundaciones es servir a la sociedad e impulsar proyectos que generen las transformaciones sociales que requiere el país para alcanzar mayor equidad, inclusión y bienestar. Es por esto que dicha Asociación cree firmemente que tomar medidas que permitan mayor control también es una forma de fortalecer aquellas que tienen una verdadera vocación social. En Colombia existe un grupo importante de instituciones que trabajan de forma ética y con resultados demostrables y verificables iniciativas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de la sociedad.

Por eso, junto con la identificación, depuración y efectivo control de las verdaderas fundaciones, AFE considera que la legislación a expedir debe consolidar las condiciones que aseguren el buen funcionamiento y desarrollo de aquellas causas sociales altruistas, que tanto han aportado al bienestar de la nación. Esas condiciones serían:  

1. El mantenimiento del régimen especial tributario para aquellas fundaciones que cumplan todos los requisitos de idoneidad y efectivamente tengan una  seria y demostrable vocación de servicio a la sociedad.

Las fundaciones no solo trabajan con recursos propios, sino que movilizan otros provistos por empresas, familias y organizaciones; recursos que se verían seriamente afectados si tienen que destinarse en parte a la tributación.

2. La preparación técnica de los funcionarios de la administración de impuestos, quienes deben tener el conocimiento, las competencias y la adecuada formación para fiscalizar las fundaciones, que son en su esencia distintas a las sociedades comerciales. La AFE y sus fundaciones asociadas están dispuestas a colaborar para compartir conocimiento y mejorar prácticas que permita agregar valor a esa formación.

3. El fortalecimiento de la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas a las fundaciones, quienes deben ser conscientes, que a pesar de haberse constituido con un patrimonio privado, su vocación en cuanto a beneficios legales y tributarios, es pública.

Los privilegios tributarios hacen a las fundaciones más responsables de su deber de transparencia ante la sociedad, quien ha puesto una especial confianza como generadoras e impulsoras de cambios sociales.

AFE  ha resaltado la importancia de salvaguardar, e incluso recuperar, el buen uso de la figura jurídica “fundación” que se instrumenta para propósitos de beneficio particular, no legítimos, ni éticos, desnaturalizando el deber ser de la misma. En este punto es de resaltar que gran número de instituciones que utilizan esta figura, están comprometidas en realizar verdaderas transformaciones sociales y en servir a las comunidades más vulnerables.

La Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia entiende que sólo en la medida que las fundaciones logren ser transparentes, ofrezcan información precisa, clara y veraz respecto de su existencia y uso adecuado de recursos, se podrá fortalecer su valor social y mantener los beneficios propios que les corresponden en el marco de un Estado Social de Derecho, consagrado en su Constitución Política.