El Congreso de la República del Perú ha lanzado una ofensiva contra la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades individuales; así como en promover cambios hacia la igualdad, el acceso a salud y educación de calidad, la protección del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global, la seguridad ciudadana y la lucha contra las actividades ilegales, la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción y el combate a la violencia contra las niñas, entre otras causas.

Iniciativas similares han sido aplicadas en América Latina en los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Una ley de este tipo rige en Rusia desde junio de 2022 y en Georgia acaba de aprobarse una norma calcada de la ley rusa que califica a las ONG críticas como “agentes extranjeros desestabilizadores”.

Las organizaciones sociales e instituciones alertamos a la ciudadanía sobre estos intentos autoritarios, inconstitucionales y regresivos, que buscan impedir que las personas en situación de vulnerabilidad reciban apoyo de agencias de cooperación internacional, bloquear las voces críticas sobre temas fundamentales para el desarrollo nacional y silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

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