12 de abril de 2021

Nuestro socio, El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) se ha embarcado en un nuevo proyecto, asociándose al Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), una iniciativa impulsada por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD)  y con la coordinación de organizaciones de la sociedad civil de la región: Fundación Poder Ciudadano de Argentina, Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras, Transparencia Venezuela, Corporación Transparencia por Colombia y Proética de Perú, todas en sus respectivos países, capítulos de Transparencia Internacional. 

Integran el OCC 19 organizaciones de América Latina:

El OCC ofrece apoyo técnico para facilitar la coordinación de los esfuerzos de la sociedad civil de las Américas y lograr una acción más incidente en escenarios formales de la OEA, mediante la conformación de un mecanismo participación de sociedad civil expresado en el Foro Ciudadano de las Américas.

El Observatorio busca sensibilizar, monitorear e informar sobre la implementación en 15 países de la región del cumplimiento de los compromisos que asumieron en la Cumbre de Lima de 2018. También se propone investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región. En este marco, el ICD está llevando adelante el seguimiento a los mandatos y cumplimiento de las recomendaciones de la Cumbre de Lima de 2018 por parte de Uruguay, y participando de la construcción de una agenda de recomendaciones, a presentarse en las Cumbres de las Américas (2021).

El Acuerdo de Lima contiene 57 mandatos y se seleccionaron 19 a los que se dará seguimiento. Estos 19 mandatos son considerados centrales y sobre ellos se exige a las instituciones de nuestros países realizar mayores esfuerzos de implementación para lograr cambios reales hacia la transparencia y la democracia íntegra.

Los 19 mandatos seleccionados responden a los siguientes 5 ejes:

1. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
2. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión
3. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales
4. Prevención de la corrupción de obras públicas, contrataciones y compras públicas
5. Cooperación Jurídica Internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos

El análisis del nivel de cumplimiento de cada mandato se basa en tres criterios: el grado de sostenibilidad de las acciones realizadas por el Estado para lograr la existencia de una institucionalidad fuerte y con funciones claras para la prevención, control y sanción de la corrupción, de forma tal que las medidas tendrán continuidad en el tiempo. El grado de eficacia de las acciones, es decir, si se pusieron en marcha, si tienen presupuesto y personal asignado suficiente para ser llevadas a cabo y finalmente. Finalmente, la pertinencia de las acciones, es decir, si son oportunas, convenientes y adecuadas de acuerdo con el contexto económico, institucional y/o social del país.

La corrupción impacta directamente en el goce de los derechos humanos y en el desarrollo de los pueblos. Afecta la credibilidad de las instituciones, la democracia y al Estado de derecho. Para combatir efectivamente la corrupción, los compromisos que asumieron los estados en Lima en 2018 deben convertirse en acciones concretas. Para que los Estados cumplan, no basta con su palabra, se necesita de una sociedad civil organizada activa y una ciudadanía vigilante. Por eso, con este proyecto se impulsan procesos de incidencia ante los tomadores de decisiones para que pasen a la acción, formulando e implementando políticas públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y combatan de forma concreta la corrupción.

Entre los resultados a obtener por el OCC, se encuentran la elaboración de 20 informes nacionales y cinco regionales con perspectiva temática y poblacional sobre el cumplimiento de compromisos estatales en la lucha contra la corrupción en las Américas y su efectividad; así como brindar tres mil horas de capacitación en diferentes temas de interés para las organizaciones de la sociedad civil de la región; e involucrar a más de 600 organizaciones de la sociedad civil participando activamente en diferentes actividades de lucha contra la corrupción.

Más información sobre el OCC en Uruguay:

ICD – Mariana Labastie

mariana.labastie@gmail.com