El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) destacó la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York Times el pasado 11 de febrero de 2017 acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México.

Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la sociedad civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.

Ante dicha situación, el núcleo exigió al Poder Ejecutivo Federal (representado por la Secretaría de la Función Pública) y a los Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de tres meses.

La sociedad civil consideró que “esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

A lo anterior se suma la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo Federal que buscaron “disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción”.

Por esto, el núcleo anunció que la decisión unánime de las 10 organizaciones que lo conforman es concluir su participación en el STT, tras más de cinco años de trabajo en este espacio de interlocución, por la pérdida de confianza hacia éste y la falta de “condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso del Tercer Plan de Acción.

La sociedad civil anunció su decisión de “continuar trabajando para impulsar la agenda de apertura gubernamental en el país con la intención de construir las condiciones necesarias para que el gobierno abierto en México sea una plataforma de trabajo confiable y fortalecida, que retome los principios de diálogo y colaboración para la resolución de problemas públicos”.

Por último, anunciaron que iniciarán la apertura de un expediente a través de la Política de Respuesta (Response Policy) que será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional (Open Government Partnership).

CONTEXTO

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