3 de septiembre de 2024

El gobierno de Nicaragua ha endurecido sus medidas contra la sociedad civil con la reciente cancelación de la personería jurídica de 1,500 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre las que se encuentran numerosas iglesias evangélicas. Este cierre masivo se produce tras la implementación de un nuevo modelo de alianzas que obliga a las ONGs a trabajar en estrecha colaboración con instituciones del Estado para poder operar.

Este golpe a las ONGs no es aislado, sino parte de una ofensiva sostenida por el gobierno de Daniel Ortega desde 2018, durante la cual han sido canceladas más de 3,600 organizaciones civiles y religiosas, acusadas de incumplir con la ley y no informar de sus estados financieros en los últimos años, y en algunos casos las acusa de apoyo al supuesto intento de golpe de Estado. Con esta última acción, el total de ONGs clausuradas por el gobierno supera las 5,000.

Como parte de esta nueva normativa, las ONGs que deseen mantener su personería jurídica deberán presentar programas o proyectos que serán gestionados en alianza con el gobierno. Además, se ha eliminado el beneficio de exoneraciones fiscales para estas organizaciones, y los bienes muebles e inmuebles de las ONGs canceladas pasarán a ser propiedad del Estado.

La vicepresidenta Rosario Murillo, en una reciente declaración, destacó que esta medida forma parte de una “reorganización” del sector no gubernamental. Además, adelantó que en los próximos días se anunciará un nuevo marco operativo para las ONGs, bajo un modelo que ha sido denominado “alianza para la asociación”. Este modelo impone que cada ONG presente propuestas específicas para proyectos que deben ser trabajados en conjunto con el gobierno, limitando de manera significativa la independencia de estas organizaciones.

Con estas medidas, el espacio para la sociedad civil en Nicaragua se ha reducido drásticamente, dejando a las pocas ONGs que aún permanecen en operación en una situación de extrema vulnerabilidad. La comunidad internacional ha expresado preocupación por este aumento en las restricciones, que parecen estar dirigidas a consolidar aún más el control del Estado sobre cualquier forma de organización independiente.

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