OSC argentinas rechazan decreto que restringe acceso a la información pública

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Setiembre de 2024

El pasado martes 3 de septiembre de 2024, más de sesenta organizaciones de la sociedad civil en Argentina manifestaron su rechazo al decreto 780/24 emitido por el Poder Ejecutivo, argumentando que este limita el acceso a la información pública y vulnera los principios de transparencia del Estado. Según las organizaciones, el decreto no solo va en contra de la Ley 27.275 de acceso a la información pública, sino que también genera un retroceso significativo en materia de derechos cívicos al hacer más opaca la administración pública.

En una carta abierta publicada esa misma noche, las organizaciones repudiaron los cambios introducidos por el decreto, el cual redefine los alcances de la ley de acceso a la información pública y establece, entre otros puntos, que la vida privada de los funcionarios queda fuera del ámbito de las requisitorias de información. Esta disposición ha generado preocupación, ya que podría ser utilizada para limitar las investigaciones sobre el accionar de los gobernantes y sus posibles conflictos de interés.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las entidades firmantes, fue particularmente crítica. En su comunicado, señaló que el decreto “reglamenta de forma restrictiva y regresiva el derecho de acceso a la información pública, excediendo las facultades constitucionales” del Poder Ejecutivo. ACIJ sostiene que las disposiciones del decreto representan un claro retroceso en la garantía de este derecho fundamental, ya que limitan la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para fiscalizar la gestión pública.

Las organizaciones exigen que se deje sin efecto el decreto 780/24, resaltando la importancia de la transparencia en la gestión gubernamental. Afirman que este tipo de medidas no solo afectan la rendición de cuentas, sino que también debilitan la confianza pública en las instituciones del Estado. Además, recuerdan que la ley 27.275 fue promulgada con el objetivo de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública, una herramienta clave para la democracia.

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