El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca acorralar a las organizaciones de la sociedad civil de ese país al obligarlas, entre otras cosas, a pedirle permiso al Gobierno para crearse y funcionar. Este proyecto es el más reciente intento del Gobierno por acorralar a la sociedad civil venezolana y se suma a la persecución contra sindicalistas y líderes gremiales, así como la judicialización de periodistas y medios de comunicación independientes.

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