La Alianza para el Gobierno Abierto ( Open Government Partnership – OGP –), como iniciativa multilateral,  busca promover la apertura de los gobiernos al escrutinio público del actuar de sus instituciones, así como a la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de caminos más efectivos en lo relativo al diseño y el control de las políticas públicas, la transparencia de los gobiernos en el manejo de los recursos públicos y la entrega de servicios, así como la innovación y el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas de interés público. En América Latina son 15 países los que se han unido a la Alianza, presentando un plan de acción y asumiendo un conjunto de compromisos frente a la comunidad nacional e internacional.

La participación ciudadana es entonces un elemento clave en esta iniciativa, y afortunadamente en el recorrido de América Latina hacia una sociedad más abierta y transparente, tenemos muchas buenas prácticas de las que aprender, y las cuales pueden replicarse en este marco. La discusión y trabajos en el taller, que sobre este tema realizamos en el marco de la reunión regional en Chile el 11 de enero, fueron no solamente interesantes sino también aleccionantes.

Mientras que la incidencia de organizaciones de la sociedad civil fue por ejemplo crucial en la aprobación de muchas de las leyes de acceso a información que se aprobaron en los últimos años, los procesos de consulta a la sociedad civil y a la ciudadanía sobre los planes del país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto son, por lo menos, muy disímiles. Mientras que en algunos países de la Región la consulta se realizó efectivamente, en otros países apenas recorrió carriles muy formales, o directamente no existió. Quizás en esos extremos se ubicaron las presentaciones y comentarios en el taller provenientes de representantes de El Salvador, Perú, Uruguay, México, o del país anfitrión, Chile.

Muchas preguntas surgieron en el taller, que más que respuestas exigen el seguimiento profundo de este proceso…¿Cómo fomentar la participación de las organizaciones y también de toda la ciudadanía en este proceso? ¿Qué papel pueden jugar o deben jugar las organizaciones sociales en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto? ¿Qué capacitación necesitan los funcionarios y funcionarias del Estado para poder coadyuvar a la transparencia del gobierno? ¿Pueden llegar a ser las organizaciones de la sociedad civil sujetos obligados de las leyes de transparencia y de acceso a la información?