El pasado 10 de diciembre, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD Uruguay), Rendir Cuentas, el CIVICUS Monitor y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo presentaron el informe El poder ciudadano bajo ataque 2024 del CIVICUS Monitor y la iniciativa regional Montevideo: ciudad segura para personas defensoras de derechos humanos de América del Sur. 

El evento, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española (Montevideo, Uruguay) y transmitido simultáneamente de forma virtual, comenzó con la apertura y presentación del proyecto Montevideo ciudad segura para personas defensoras de derechos humanos en riesgo en América del Sur. Programa regional de protección y atención integral en red para personas defensoras de derechos humanos en riesgo para ocho países de América del Sur de la mano del Embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez y Anabel Cruz, Directora de ICD Uruguay.

Para mitigar las consecuencias de un contexto restrictivo en las Américas, en donde se han reportado el mayor número de incidentes violentos contra personas defensoras a nivel mundial (especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú) el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD Uruguay) con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, están iniciando la puesta en marcha de este programa de reubicación temporal de personas defensoras de derechos humanos en riesgo de ocho países de la región. Este programa procurará constituirse, a través del trabajo en red con diversidad de actores nacionales y de la región, en un espacio de protección para las personas que se ven amenazadas por su labor de defensa de derechos.

En este marco, el embajador de España en Uruguay Santiago Jiménez, comenzó mencionando las recientes negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur: “este proyecto se enmarca dentro de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, este acuerdo no es solamente comercial, es un acuerdo que va mas allá y de naturaleza política que manda una señal muy importante al mundo. La Unión Europea y el Mercosur son dos regiones del mundo que tienen principios y valores comunes. La democracia, la libertad, el respeto por los DDHH y la preocupación por el medioambiente son elementos claves en esta relación”. 

Respecto al proyecto, resaltó que la promoción y la protección de la democracia requiere de espacios seguros para las personas  defensoras de derechos humanos: “esperamos inaugurar y crear un espacio seguro de protección con de protección on ubicación temporal viables y sostenibles en Montevideo para estas personas”. 

Luego, Anabel Cruz, destacó la labor de ICD Uruguay hace casi cuatro décadas y su profundo vínculo con este desafiante  proyecto: “han sido 38 años de trabajo nacional, regional y global en la defensa de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y el espacio cívico. Hoy asumimos una nueva responsabilidad que se vincula con nuestra misión pero que no vamos a hacer solos”. 

“Este proyecto surge por un creciente deterioro del espacio cívico en nuestra región el cual exige repuesta por parte de todos los sectores. Los sucesos y ataques a la libertades cívicas en las Américas son sucesos preocupantes que subrayan la urgencia de tomar medidas y abordar la protección de las personas defensoras de lo derechos humanos de forma integral. Ese proyecto se propone contribuir a mitigar las consecuencias que la reducción del espacio cívico vienen teniendo en: Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay”. 

Los principales resultados que se propone la iniciativa son: por un lado, la instalación en Montevideo de un centro de reubicación temporal destinados a proteger a las personas defensoras de los DDHH que están en riesgo y provienen de los países mencionados. Por otro lado,  que las  personas defensoras que se encuentran en riesgo, puedan ser identificadas y derivadas a este centro de reubicación temporal, a partir de un trabajo en red entre personas expertas, agencias de naciones unidas y organizaciones de defensa del espacio cívico y promoción de los derechos humanos en la región.

Presentación del informe El Poder Ciudadano bajo Ataque 2024

Inés Pousadela (Investigadora principal, CIVICUS) Julieta Zubbrigg (Asesora de investigación, CIVICUS Monitor) y Analía Bettoni (Coordinadora de proyectos, ICD Uruguay) presentaron el informe El poder ciudadano bajo ataque 2024 realizado por el CIVICUS Monitor, así como las tendencias mundiales y regionales en la reducción del espacio cívico. El informe documenta cientos de casos de ataques contra activistas y periodistas en la región y en su edición 2024, constató que 25 de los 35 países de las Américas restringen severamente las libertades cívicas. Sobre este punto, Inés Pousadela, agregó que “la sociedad civil es objeto de restricciones que no vienen solo de fuentes estatales sino de actores no estatales. Una de las tendencias a largo plazo que se observan es que estas ultimas se encuentran en aumento. Poco más del 2% de la población del mundo vive en países con espacio cívico, catalogado según el CIVICUS Monitor, como abierto”. 

Sobre las tendencias globales obtenidas a partir del monitoreo del 2024, Julieta Zubbrigg destacó que solo 40 países del mundo tienen una calificación de país “abierto” en los que se observan un amplio respeto por las libertades cívicas. Por el otro lado, hay 51 países con una calificación de estado “represivo” en los que espacio cívico está restringido y se observan múltiples casos de acoso e intimidación, ataques a periodistas y a actores de la sociedad civil. En estos contextos el derecho a la propuesta está bajo ataque y hay un uso represivo de la fuerza cuando la gente intenta alzar la voz en la calle. “La situación es peor en otros 30 países, países “cerrados”, donde el panorama es un clima de violencia y miedo donde la sociedad civil está expuesta a mucha censura y en donde es muy difícil azar la voz”. 

Tendencias en las Américas

Analía Bettoni destacó el trabajo del monitoreo en nueves países de latinoamérica a cago de Rendir Cuentas y señaló el estrechamiento del espacio cívico en la región, profundizando en sus causas: “la reducción del espacio cívico en la región se ha debido fundamentalmente a tres factores: la intensificación de la persecución política, el debilitamiento de  las instituciones democráticas y la concentración del poder en el ejecutivo. Nicaragua y Venezuela son ejemplos claros de países calificados con espacio cívico cerrado”. 

Los ataques a periodistas siguen siendo una violación común de las libertades fundamentales en la región, documentada en al menos 17 países. Desde 2018, esta violación se ha mantenido entre las cinco principales, destacando el ambiente hostil persistente para los medios y los riesgos significativos que enfrentan periodistas en su labor. Cubrir protestas se ha convertido en una tarea especialmente peligrosa, ya que periodistas son objeto de ataques. Esto ha sido registrado en varios países, incluyendo Argentina, Bolivia, Haití, México, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

Por último, las fuerzas de seguridad fueron identificadas con frecuencia como los principales perpetradores en estas agresiones, lo que plantea serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, incluyendo el uso de armas letales durante las protestas. En los últimos años, la región ha sido testigo de un aumento alarmante en los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un recordatorio contundente de los riesgos extremos que enfrentan quienes defienden las libertades fundamentales y la justicia. Por segundo año consecutivo, estos asesinatos se encuentran entre las cinco principales violaciones en la región.

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