Estudio de factibilidad para la instalación en Uruguay de un Programa Regional de Reubicación Temporal de personas defensoras de derechos humanos

En la región de América Latina, numerosos defensores y defensoras de derechos humanos afrontan cotidianamente la persecución, amenazas, hostigamiento y el constante peligro de ser víctimas de actos violentos debido a su labor. Aquellas personas que se dedican a la defensa de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, los de las comunidades LGBTIQ+, a la lucha contra la corrupción, o a la promoción de la libre expresión e información, entre otros temas, son particularmente vulnerables a esta situación.

En los últimos años, la región ha sido testigo de eventos preocupantes que subrayan la urgencia de abordar la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Incidentes como agresiones físicas, asesinatos selectivos, y la criminalización de su labor han aumentado significativamente en varios países. Por otra parte, la región ha experimentado cambios políticos, sociales y económicos que han influido en la dinámica de la defensa de los derechos humanos. Estos cambios han creado nuevos retos y obstáculos para quienes luchan por la justicia y la equidad, acentuando la necesidad de estrategias más efectivas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.

En este marco regional, el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) y ProtectDefenders.eu/FIDH firmaron un convenio de trabajo para la realización de un estudio de factibilidad que analizara la viabilidad y la necesidad de implementar un Programa de Reubicación Temporal (PRT) en Uruguay, que atienda las necesidades de personas defensoras de derechos humanos de ocho países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Venezuela).

El estudio ha prestado especial atención a escuchar la voz de actores nacionales y regionales relevantes, para lo que se consultaron a organizaciones de la sociedad civil de los ocho países de América del Sur anteriormente mencionados, a organismos internacionales, así como a distintas organizaciones sociales de Uruguay, organismos del Estado y agencias internacionales, tanto con sede en Uruguay, como en otros países y con influencia directa en temas vinculados a la protección de derechos humanos, movilidad humana, entre otros. A los insumos recogidos de más de 50 personas y organizaciones consultadas y entrevistadas, se agrega el estudio y análisis de una profusa bibliografía, documentos de antecedentes y bases de datos relevantes.

El análisis de contexto realizado demuestra, en primer lugar, la necesidad y la pertinencia de establecer un centro de protección y reubicación de personas defensoras en riesgo en América del Sur. Si bien los contextos nacionales presentan diferencias, existen desafíos comunes en términos de amenazas, intimidaciones y violencia hacia las personas defensoras, así como de una persistente impunidad. En este contexto, las personas defensoras del medio ambiente, las personas líderes indígenas, quienes lideran movimientos LGBTIQ+, y periodistas y trabajadores de medios de comunicación son los principales grupos identificados, aunque no se descartan otras situaciones de riesgo que puedan identificarse entre personas involucradas en la defensoría de derechos humanos fundamentales.

El estudio ha demostrado que Uruguay cumple con las condiciones necesarias para acoger un programa de reubicación temporal. Además de su estabilidad política, social y económica, Uruguay cuenta con una sociedad civil de extensa trayectoria, con capacidades y posibilidades de establecer alianzas y colaboraciones a nivel nacional y regional, tanto con organizaciones de la sociedad civil, como con organismos de gobierno, organizaciones internacionales y agencias de cooperación. Uruguay destaca asimismo por su alto nivel de protección de los derechos políticos y civiles y presenta un altísimo nivel de adhesión formal al sistema de protección internacional de derechos humanos, pues ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia.

Por otra parte, a partir de los contactos realizados durante la realización del estudio, se han sentado las bases para establecer eventuales alianzas y cooperaciones en la implementación de la iniciativa. A modo de ejemplo, en los ocho países se han identificado organizaciones de la sociedad civil que podrían ser puntos focales de una red regional de apoyo del programa. En Uruguay organismos del gobierno central, el gobierno de la ciudad de Montevideo, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional han mostrado apertura para colaborar, facilitando procesos o apoyando con distintos recursos.

Por todo lo anteriormente mencionado, el estudio concluye que la instalación en Uruguay, específicamente en la ciudad de Montevideo, de un Programa de Reubicación Temporal de alcance regional para personas defensoras de derechos humanos en riesgo, es un proyecto necesario y factible. En conjunto, las condiciones que reúne el país receptor, las capacidades de la sociedad civil, y los posibles aliados de la iniciativa, confirman esta conclusión.

Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)
Marzo de 2024