Retos para Uruguay en la lucha anticorrupción

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Montevideo, 15 de noviembre de 2024 

Retos para Uruguay en la lucha anticorrupción. Urge un compromiso claro contra la corrupción

En el marco del proceso electoral, las organizaciones de la sociedad civil que integran el Escenario Nacional del Observatorio Ciudadano de Corrupcio?n (OCC) expresan su preocupacio?n ante la falta de discusio?n pu?blica sobre las medidas concretas que cada una de las fo?rmulas presidenciales tomara? para combatir la corrupcio?n en Uruguay.

El OCC en Uruguay esta? conformado por el Instituto de Comunicacio?n y Desarrollo (ICD) como punto focal y por CAinfo, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU), DATA Uruguay, Grupo Visio?n Nocturna, el Instituto Afrodescendiente-Uruguay, IELSUR, MYSU, DITEC y la Fundacio?n Siembra. El grupo trabaja desde 2021 en el seguimiento de los compromisos asumidos por Uruguay en las Cumbres de las Ame?ricas, incluyendo los de Lima (2018) y Los A?ngeles (2022).

En 2021, el OCC presento? un primer informe sobre el cumplimiento de los Compromisos de Lima (VIII Cumbre) que analizo? a?reas clave como la gobernabilidad democra?tica, la transparencia en el acceso a la informacio?n, la proteccio?n de denunciantes, el financiamiento poli?tico, la prevencio?n de la corrupcio?n en obras pu?blicas y la cooperacio?n juri?dica internacional. Este an?o 2024, el nuevo informe sumara? el seguimiento al cumplimiento de los Compromisos de Los A?ngeles (IX Cumbre), y profundizara? sobre estos temas e incorporara? desafi?os emergentes, como la transformacio?n digital y la transicio?n hacia una energi?a limpia y sostenible.

Este informe se publicara? en un momento crucial: la inminente eleccio?n de un nuevo gobierno en Uruguay. Este proceso representa una oportunidad u?nica para colocar en la agenda pu?blica y poli?tica la urgente necesidad de fortalecer las poli?ticas anticorrupcio?n, un tema que no admite postergaciones.

En los u?ltimos an?os, Uruguay ha enfrentado un preocupante aumento de casos de corrupcio?n en todos los niveles de gobierno. Si bien el pai?s cuenta con un marco normativo fuerte, su implementacio?n enfrenta obsta?culos significativos debido a la falta de voluntad poli?tica y a una brecha persistente entre la formulacio?n de normas y los recursos asignados para su ejecucio?n.

Desde el OCC, entendemos que el combate a la corrupcio?n debe convertirse en una poli?tica de Estado que trascienda los gobiernos y sea sostenida por un dia?logo amplio y plural que integre a la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, partidos poli?ticos y las instituciones gubernamentales. Este compromiso debe centrarse en:

  • Fortalecer los sistemas de evaluacio?n, monitoreo y rendicio?n de cuentas de las poli?ticas anticorrupcio?n.
  • Desarrollar normativa que fomente la transparencia y la rendicio?n de cuentas en el sector privado y mejoren la rendicio?n de cuentas del sector pu?blico.
  • La inclusio?n de cla?usulas anticorrupcio?n en los contratos y compras pu?blicas.
  • Reforzar los o?rganos de control y alinear las poli?ticas anticorrupcio?n conesta?ndares internacionales.
  • Incorporar una perspectiva interseccional para proteger a grupos vulnerables afectados por la corrupcio?n.

Por ello, hacemos un llamado a las fo?rmulas presidenciales a expresar pu?blicamente su posicio?n sobre estos temas y a explicar en profundidad sus propuestas para combatir la corrupcio?n.

La corrupcio?n erosiona la confianza en las instituciones democra?ticas, perpetu?a la desigualdad y limita el desarrollo sostenible. Superar este desafi?o requiere no solo de voluntad poli?tica, sino tambie?n de la creacio?n de espacios permanentes de dia?logo, veeduri?a y control social con la participacio?n activa de todos los sectores de la sociedad.

Hemos solicitado reuniones a ambas fo?rmulas presidenciales para hacerles llegar nuestras recomendaciones e iniciar un dia?logo social en la lucha anticorrupcio?n

Desde el OCC reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la justicia, e instamos al pro?ximo gobierno a asumir con firmeza su responsabilidad para construir un Uruguay ma?s equitativo y transparente.