En los últimos meses, el gobierno de Venezuela ha implementado una serie de reformas legales que han generado una preocupación creciente entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera del país. La nueva ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro aprobada el 15 de agosto de 2024, establece un marco normativo que obliga a estas organizaciones a registrarse ante el gobierno, reportar detalladamente sus fuentes de financiamiento y justificar sus actividades. Este nivel de supervisión viola los principios de autonomía e independencia propios del derecho de asociación y tiene implicaciones serias ya que otorga al Estado la capacidad de disolver organizaciones de manera arbitraria si considera que están violando la ley.

El contexto detrás de esta medida está marcado por un ambiente de represión política creciente, particularmente en el período posterior a las elecciones de 2024, donde las protestas y el activismo han sido respondidos con detenciones y persecución por parte del gobierno. Las ONG han jugado un papel crucial en la denuncia de estas violaciones de derechos humanos, y la nueva ley busca limitar aún más su capacidad de actuar. En particular, se acusa a muchas de estas organizaciones de recibir financiamiento extranjero con fines ilícitos, lo que el gobierno justifica como parte de una estrategia para combatir el terrorismo y la desestabilización del país.

Algunos críticos señalan que la Ley de Fiscalización no solo afecta la libertad de las ONG, sino que también consolida el control del gobierno sobre la sociedad civil, eliminando cualquier espacio de oposición y reduciendo la rendición de cuentas. Con la nueva legislación, las ONG corren el riesgo de ser vistas como actores ilegales, lo que podría aumentar las detenciones y la persecución de activistas y defensores de derechos humanos.

El impacto de esta legislación se siente con fuerza en organizaciones que dependen del apoyo internacional para llevar a cabo su labor humanitaria y de defensa de derechos. Además, plantea importantes desafíos para el futuro de los derechos humanos en Venezuela, agudiza la represión vigente por parte del gobierno y aleja oportunidades de resolución a la crisis estructural que se vive en el país.

Instituciones como las Naciones Unidas han expresado su preocupación, advirtiendo que esta ley pone a Venezuela en una posición similar a la de países como Nicaragua y Cuba, donde las restricciones a las libertades civiles son sistemáticas. En un país que ya enfrenta una crisis humanitaria severa, estas acciones dificultan el trabajo de quienes buscan asistir a las poblaciones más vulnerables.

Al igual que lo hizo hace unos días la Oficina del Alto Comisionado, y los relatores especiales de la ONU ante el primer borrador que circuló de este proyecto de ley, desde Rendir Cuentas exhortamos a las organizaciones, organismos internacionales y multilaterales a que expresen de forma alta y clara sus preocupaciones, a fin de rechazar prácticas profundizan el cierre del espacio cívico y aumenta los desafíos en la región.

Para más información, puedes consultar los siguientes enlaces:

1. El País: Venezuela cierra el cerco alrededor de las ONG con una nueva ley de fiscalización
2. Alianza Regional: Sociedad civil venezolana es ilegalizada en medio de la represión poselectoral