El Gobierno de España ha empezado a recurrir a los tribunales de justicia para evitar responder a los ciudadanos y ciudadanas que  solicitan información con amparo en la  Ley de Transparencia, norma que entró en vigor en diciembre de 2014. La Abogacía del Estado Español ha presentado ya, en nombre de ministerios o de empresas públicas, cinco recursos contencioso-administrativos para no tener que dar información sobre gastos de la Radio y Televisión Española y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ni sobre la contratación que realiza la empresa pública Tragsa. El Ministerio de la Presidencia, que impulsó la ley de transparencia, pleitea para no tener que divulgar informes precisamente sobre el progreso del Gobierno en materia de transparencia.

La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos solicitar información al Gobiernoy fija en qué casos este debe responder y en qué plazo. Cuando la Administración deniega una petición o la respuesta que da no es satisfactoria, el ciudadano puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. Generalmente los dictámenes de este organismo público son aceptados, tanto por el Gobierno como por el ciudadano. Sin embargo, la norma prevé la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los tribunales. En contra de la previsión de las organizaciones que defienden la transparencia, no están siendo los solicitantes de información los que recurren, sino el Gobierno, y para evitar tener que divulgarla.

En Access Info Europe, organización que promueve el acceso a la información, no dan crédito a lo que ha sucedido con una de sus peticiones. En agosto de 2015 solicitaron copias de los informes del progreso del Gobierno español en los compromisos de  la Alianza para el Gobierno Abierto (OGT, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que los gobiernos presentan periódicamente sus avances en rendición de cuentas, gobierno abierto y transparencia. El Ministerio de Presidencia denegó la petición por considerar los documentos “internos”. El Consejo de la Transparencia, en cambio, falló a favor de la ONG e instó a Presidencia a entregar los informes en un plazo de 15 días.

En lugar de hacerlo, el ministerio presentó un recurso contencioso-administrativo en los juzgados contra la resolución del Consejo. “Recurrir es una opción prevista en la ley, pero en este caso es especialmente sorprendente. Ir a los tribunales contra el Consejo para no dar información sobre transparencia es sencillamente alucinante”, dice Luisa Izuzquiza, portavoz de Access Info. España presentó de manera voluntaria su primer plan de acción a la OGP en 2012 y el segundo en 2014. Adherirse a la iniciativa, liderada por Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y que ya cuenta con 69 países, implica comprometerse a ir avanzando en la transparencia con acciones concretas: liberar bases de datos hasta ahora no divulgadas, garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, etc. La relación con la OGT la lleva la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del ministerio de Soraya Sáenz de Santamaría.

“El Consejo de Transparencia no tiene capacidad para obligar a la Administración a responder; solo puede instar a hacerlo”, recuerda Jesús Lizcano, presidente de  Transparencia Internacional España, que admite estar sorprendido por el uso que está haciendo de la posibilidad de recurrir ante los tribunales. “Lo que tienen que hacer las administraciones es ser transparentes: ahora mismo hay demasiadas excepciones en la ley y es necesario aprobar el reglamento que la desarrolle”, añade. El Gobierno hizo público un borrador del reglamento en julio pasado, pero no se ha vuelto a saber nada de él. “El derecho a saber debe prevalecer salvo en contadas ocasiones”, remacha Lizcano.

Además del recurso de Presidencia, otros cuatro presentados por empresas públicas se dirimirán en los tribunales:

Imposible saber cuánto cuesta Eurovisión

Radiotelevisión española ha presentado dos recursos en los juzgados porque no está de acuerdo con el criterio de dos resoluciones del Consejo de la Transparencia. Un ciudadano solicitó en mayo de 2015 conocer el coste total de la participación de España en el festival de Eurovisión: viajes, alojamiento, dietas, vestuario… RTVE ni siquiera le contestó, así que recurrió al Consejo. Este preguntó al ente público por qué no daba los datos, a lo que RTVE alegó que exigían una labor de reelaboración y que divulgarlos podía perjudicar a sus intereses comerciales. El Consejo desmontó los argumentos y falló a favor del ciudadano.

En el otro caso, otra persona pidió conocer el coste de los canales de televisión. RTVE contestó con argumentos similares, pero el Consejo también los tumbó. “Proporcionar información desagregada sobre el coste en euros por cada canal de televisión abierto al pública no daña el secreto comercial o empresarial ni los intereses económicos”, dictamina este organismo público.

¿Y cuánto cuesta la moneda de Felipe VI?

Eso le preguntó un ciudadano a la  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Quiso saber los “costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro acuñada con la efigie de Felipe VI”. Pero la Real Casa de la Moneda respondió que darle esos datos perjudicaría a sus intereses económicos y comerciales.

El Consejo de la Transparencia dio la razón al ciudadano: “Conocer el coste económico de la inversión realizada con motivo del cambio en la Jefatura del Estado y que ha sido asumida con fondos públicos responde plenamente a la finalidad última para la que fue aprobada la Ley de Transparencia”. El abogado del Estado que redacta el recurso de la FNMT, consultado por EL PAÍS, argumenta entre otras cosas que al denegar la información no se perturba ningún interés general puesto que la solicitud “pretende satisfacer una curiosidad privada de una ciudadana”.

¿Con quién trabaja Tragsa?

La empresa pública Tragsa, para la que trabajan cerca de 10.000 empleados y que depende del Ministerio de Hacienda (a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI), se niega a hacer públicas sus encomiendas de gestión, los encargos que recibe de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para realizar obras de tipo medioambiental, infraestructuras y otras. En lugar de divulgar la información, como le pidió el Consejo de la Transparencia, ha optado por presentar un recurso contencioso administrativo.

Se da la circunstancia de que tanto el Consejo de la Transparencia –en principio independiente, pero a su presidente lo nombra Hacienda– como Tragsa dependen del mismo brazo ejecutivo. Es decir, dos organismos bajo el paraguas del mismo ministerio han acabado enfrentados en los tribunales a cuenta de la ley de transparencia.

Fuente:  http://goo.gl/C7PU2h