Noticias
19 de octubre de 2024
El espacio cívico se está deteriorando en muchas regiones, y América Latina no es la excepción. Nos preocupa que en varios países se está avanzando en regulaciones –algunas legislativas y otras ejecutivas– que podrían limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), su libertad de asociación, su capacidad para recibir financiamiento y su autonomía, entre otros aspectos. Proteger y ampliar el espacio cívico es uno de los objetivos estratégicos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
En Paraguay, un proyecto de Ley que impone requisitos adicionales y controles más estrictos a las actividades de las organizaciones no gubernamentales fue aprobado parcialmente por el Senado en julio pasado. Sin embargo, la cámara baja hizo modificaciones y el proyecto fue devuelto al Senado, que lo aprobó el 9 de octubre. El proyecto podría generar una excesiva burocracia, aumentar los gastos administrativos y legales, dificultar el acceso a financiamiento de las organizaciones, entorpecer su funcionamiento y su capacidad de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad. El proyecto crea un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas pero no establece los procedimientos, lo que puede resultar en una posible arbitrariedad en las decisiones de lo que realmente tienen que hacer las OSC para cumplir con la normativa. Las potenciales sanciones incluyen de uno a cinco años de inhabilitación de las personas en la dirección ejecutiva de las OSC para ejercer en la administración pública y hasta la disolución de las OSC. El proyecto de ley no fue sometido a un proceso participativo ni a una consulta con las organizaciones de la sociedad civil -principales afectadas-, que han emitido un comunicado conjunto, destacando el peligro que para su propia existencia implica la medida legislativa. Las OSC han pedido públicamente al Presidente que se oponga y vete la ley, y tanto importantes actores locales, regionales e internacionales la consideran inconstitucional. Si la ley se implementa, la mayoría de las OSC estarán bajo una amenaza real de cierre, ya sea por la ejecución de las exigencias legales o por la incapacidad de obtener fondos.
En Perú, organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la aprobación, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, de un proyecto de ley que pretende “contribuir a la transparencia y supervisión de la ejecución” de los recursos externos que se gestionan a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Entre otras nuevas funciones, la APCI se encargaría de crear una base de datos de organizaciones que realizan “activismo político”, con una definición que deja la puerta abierta a posibles arbitrariedades y discrecionalidades que atenten contra la libertad de asociación y la propia existencia de las organizaciones. En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil han alzado su voz en protesta. El Congreso reformó recientemente sus comisiones de trabajo, redefiniendo su composición, y el estado del proyecto de ley aún es incierto.
En Ecuador, la Secretaría General de Integridad Pública, adscrita a la Presidencia de la República, presentó un documento oficial titulado Estrategia de Integridad para las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales, que propone un mayor control gubernamental sobre las organizaciones de la sociedad civil. Las OSC pidieron una revisión y un proceso más participativo, ya que no habían sido previamente consultadas a la aprobación de la estrategia. Los representantes del gobierno ecuatoriano afirmaron su disposición a revisar la estrategia, y recientemente han abierto un proceso con las OSC para crear una nueva estrategia. Como parte de este proceso, también se está revisando el Decreto 193 (que regula el trabajo de las OSC) y se están identificando e implementando caminos de colaboración entre las OSC y los gobiernos.
Lamentablemente este tipo de regulaciones son nuevas y por eso debemos permanecer alertas. No sólo pueden violar los derechos fundamentales garantizados por las constituciones nacionales y los tratados internacionales, como se denunció en Paraguay, sino que también socavan el papel crucial que desempeñan las OSC en la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Además, un espacio cívico saludable es crucial para el desarrollo e implementación de políticas de gobierno abierto, y un entorno que favorezca la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre gobiernos y la sociedad civil.
Como representantes de la sociedad civil en el Comité Directivo de OGP hacemos un llamado a los gobiernos de Paraguay y Perú a revisar las iniciativas en los respectivos países y a entablar un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo procesos de verdadera co-creación. El cierre o restricción del espacio cívico no solo afecta a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y transparente a las demandas ciudadanas. La Alianza para el Gobierno Abierto puede ser de gran apoyo a estos procesos, como se ha visto en República Dominicana, donde el gobierno, en colaboración con la Unidad de Apoyo de OGP y las OSC, están dando forma a una estrategia nacional para fortalecer el espacio cívico.
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la educación y movilización de la ciudadanía, la promoción de la participación activa en los procesos democráticos y el fomento del diálogo constructivo entre la población y el gobierno. Un marco regulatorio propicio también debe apuntar a fortalecer sus capacidades. Cualquier medida que pueda limitar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil representa un paso atrás en la búsqueda de sociedades justas y equitativas. Solo mediante una colaboración genuina y un compromiso con los principios democráticos podremos avanzar hacia un gobierno abierto.