El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó una reforma a la Ley 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta modificación otorga a la APCI mayores facultades para supervisar y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento del extranjero.

La nueva normativa exige que las ONG cuenten con una “conformidad previa” para implementar proyectos financiados con cooperación internacional. Asimismo, establece que el uso de estos fondos para acciones legales contra el Estado será considerado una infracción grave, lo que podría acarrear multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US $720,000), así como la suspensión o cancelación del registro de las organizaciones afectadas.

Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación ante estos cambios. Amnistía Internacional advierte que la medida podría restringir el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos, como casos de represión estatal, conflictos ambientales o violencia de género. Del mismo modo, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) alerta que esta reforma podría criminalizar la defensa del territorio y la protección de los recursos naturales.

Ante estas críticas, se ha solicitado al Poder Ejecutivo que reconsidere la medida y evite su promulgación, con el objetivo de proteger el trabajo de la sociedad civil en la promoción de la democracia y los derechos fundamentales en Perú.

Restricciones al espacio cívico en América Latina

El caso de Perú se suma a un contexto más amplio de restricciones a la sociedad civil en América Latina. En distintos países de la región, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan limitaciones crecientes que afectan su autonomía y capacidad de financiamiento. Aunque estas medidas suelen justificarse en nombre de la transparencia y la rendición de cuentas, en la práctica generan obstáculos significativos para el trabajo de las OSC.

En Paraguay, el Congreso aprobó la llamada Ley Garrote, la cual aumenta el control estatal sobre las OSC y podría dar lugar a restricciones discrecionales en su funcionamiento. De manera similar, en Ecuador, la Secretaría General de Integridad Pública presentó una estrategia que propone mayores regulaciones sobre las organizaciones de la sociedad civil, sin haberlas consultado previamente en el proceso de aprobación.

En Venezuela, tras un proceso electoral marcado por denuncias de fraude y represión, el gobierno de Nicolás Maduro continúa limitando el trabajo de las OSC. Estas organizaciones enfrentan dificultades como la falta de recursos, el aumento de la inseguridad y un espacio cívico cada vez más restringido. A pesar de estos desafíos, siguen desempeñando un papel clave en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y el apoyo a comunidades vulnerables.

Encuentro regional para enfrentar la reducción del espacio cívico

Atentos al crítico contexto de nuestra región impulsamos, desde Rendir Cuentas, el encuentro: “Espacio Cívico en Riesgo: Acción colectiva regional ante las restricciones a la sociedad civil”, en el que representantes de la sociedad civil de diez países de América Latina y el Caribe nos reunimos en Lima los días 6, 7 y 8 de noviembre 2024 en un evento impulsado también por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), el Grupo Propuesta Ciudadana y la Alianza Mundial CIVICUS.

El objetivo fue generar un espacio de diálogo para compartir experiencias y diseñar acciones conjuntas de incidencia, en respuesta a la creciente limitación del espacio cívico en la región. Ante este tipo de nuevas regulaciones debemos permanecer alertas ya que socavan el papel crucial que desempeñan las OSC en la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Mantener un espacio cívico abierto es esencial para el desarrollo de sociedades democráticas y participativas, por eso ante el avance de regulaciones restrictivas en varios países de la región, resulta clave impulsar iniciativas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre gobiernos y la sociedad civil.

Fuentes y más información: Amnistía Internacional, El Comercio, IDL